Un recurso contra la esperanza

El recurso que ha promovido el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, contra la conocida como Ley andaluza antidesahucios, supone una catarata de ideología neoliberal en defensa de la banca, además de significar un golpe institucional contra la autonomía andaluza.

La Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha sido rotunda: “Es un recurso destinado a negar a las instituciones andaluzas el derecho a aprobar leyes con impacto económico en defensa de los trabajadores”. El recurso, notificado a la Junta el 22 de enero, sostiene que la Ley andaluza provoca incrementos de la prima de riesgo y “compromete gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español”. El Gobierno alega en el recurso que, “si cediera el derecho a favor de su función social”, en alusión a la norma andaluza, “desaparecería la propiedad privada”. Literal. Aquí se puede ver publicado en la web de la consejería: VER RECURSO.

“Donde deberían estar los fundamentos de derecho del recurso sólo hay un discurso político neoliberal de defensa de la banca a toda costa, según el cual el cumplimiento del derecho humano a la vivienda en Andalucía es incompatible con la recuperación económica y la bajada de la prima de riesgo”, señala Cortés, quien afirmó que conocer “la letra concreta” del recurso confirma que el mismo supone “un golpe institucional contra la autonomía andaluza para imponer a Andalucía un camino político contrario a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos”.

“El recurso se basa en elucubraciones descabelladas e hipótesis ya refutadas por los hechos según las cuales la Ley andaluza provocaría el colapso de la economía española”, dice Elena Cortés. Así, el recurso señala, en sus ‘Fundamentos de Derecho’, que la Ley “tiene la virtualidad de poner en verdadero peligro […] la reestructuración del sistema financiero y la consecución de la estabilidad de las entidades de crédito […] para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y comenzar una senda de crecimiento económico”. El Gobierno también sostiene en el recurso que “no cabe duda de que las medidas adoptadas por Andalucía a través de los preceptos impugnados comprometen gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero español”.

El recurso también expone, en su página 26, que de ceder el derecho “a favor de su función social, desaparecería la propiedad privada para convertirse en propiedad pública” Así de literal. Lo que en realidad significa este recurso es un ataque a la esperanza de miles de familias de Andalucía que habían empezado a vislumbrar la ilusión de que un banco le quitara su vivienda por haber sufrido menoscabo en su empleo o en sus recursos económicos. Rajoy hace con este recurso –de recomendada y encarecida lectura- una defensa del sector bancario indigna de un presidente de un gobierno democrático que debería tener presentes, por delante de otras cuestiones, las necesidades y los problemas de las personas. Entre ellos, el de la vivienda, cosa que sí se ha hecho aquí en Andalucía. Por eso recurren.